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Manifiesto “otra política de drogas es posible”

La idea de “una sociedad libre de drogas”, que fue adoptada por nuestro país tras ratificar las Convenciones Internacionales sobre Drogas Convención de Estupefacientes de 1961, modificada por el protocolo de 1972; Convención de Psicotrópicos de 1971 y Convención sobre Tráfico Ilícito de 1988. , idea que no sólo ha demostrado ser imposible e insostenible, sino que además, sus mecanismos de acción han resultado contraproducentes. Por ende, las actuales políticas de control de drogas, al sustentarse en esta opción tan sólo en apariencia realizable, se vuelven equívocas e ineficaces. Es un hecho que tales políticas han sido incapaces de resolver problemas relativos al narcotráfico y al consumo de psicoactivos, llegando, incluso, a generar aún más problemas en los ámbitos de salud pública, seguridad ciudadana y vulneración de los derechos sociales, políticos y culturales, entre otros. Caben en los conflictos concernientes a la salud pública la ausencia de políticas sanitarias para los usuarios, y en consecuencia la entrega de facto de dicha responsabilidad sanitaria a los narcotraficantes y, en general, todo tipo de contrariedades originadas por la desinformación con respecto al uso de psicoactivos. En cuanto a los problemas sociales y de seguridad ciudadana destacan la intensificación del poder del narcotráfico, que sucede al permitírsele el manejo y el control de las drogas, y que permite un incremento en la explotación social, la corrupción y la subversión de la democracia. En vista de la situación existente, controlar y debilitar el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas prohibidas por medio de una política que potencie la participación civil, prevenga el uso de drogas a través de un método integral y fortalezca el estado de derecho constitucional y democrático, se presenta como el modo más sensato y acertado de abordar el problema. De acuerdo a esto, encausar las políticas de control de drogas en razón de apoyar la creación de estructuras destinadas a reducir el daño eventual que la producción, el tráfico y el consumo de drogas pueda generar, como por ejemplo instancias de información al consumidor, se constituyen, a su vez, como una forma eficaz y reflexiva de afrontar la situación vigente. Creemos, además, que el manejo y los mecanismos destinados a fiscalizar estas materias deben estar subordinados a principios básicos de un gobierno equilibrado y democrático, tales como los que han sido integrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Biodiversidad, y otros acuerdos internacionales, que rescatan en particular principios que garantizan el respeto a los derechos sociales, económicos y políticos, a la diversidad cultural de todos los individuos, a la capacidad autónoma de decisión y a aquellos que toman en cuenta el sostenimiento del planeta. Sin lugar a dudas, la instauración de políticas que se ajusten a la realidad, que resulten efectivas y que promuevan la diversidad, la libre elección y el autocuidado, es una alternativa necesaria y posible.

*Convención de Estupefacientes de 1961, modificada por
el protocolo de 1972; Convención de Psicotrópicos de
1971 y Convención sobre Tráfico Ilícito de 1988.